¿Economía colaborativa o negocio encubierto?

El auge de las viviendas de uso turístico es uno de los factores que más está contribuyendo a esta transformación. Calles que antes estaban habitadas por vecinos de toda la vida son ahora un desfile de maletas con ruedas, check-ins digitales y candados para llaves. Según los últimos datos, Málaga capital supera ya las 12.700 viviendas de uso turístico registradas, y ese número sigue creciendo. No se trata solo del Centro histórico: la presión se extiende a barrios como El Perchel, La Trinidad o Huelin. La consecuencia directa es el encarecimiento del precio de la vivienda, tanto en venta como en alquiler.

Hoy, alquilar un piso en Málaga cuesta un 50% más que hace apenas cinco años. Comprar uno se ha convertido en una gesta épica, especialmente para los jóvenes. La paradoja es evidente: una ciudad donde cada vez hay más viviendas vacías, pero menos hogares accesibles. Las viviendas están, pero no están disponibles para vivir; están para rendir beneficios.

En este contexto, conviene revisar el relato que durante años se ha construido en torno a la llamada economía colaborativa. Airbnb, plataforma emblemática de este modelo, nació -según sus fundadores- con el objetivo de que las personas compartieran su hogar con viajeros. Esa narrativa romántica del 'hogar abierto' ha sido desmontada por la realidad. Como bien explica Tom Slee en su libro 'Lo tuyo es mío', la economía colaborativa no es otra cosa que un negocio disfrazado de altruismo. Lo que comenzó como una red de confianza entre particulares, ha acabado siendo una industria desregulada donde grandes inversores, fondos y empresas gestionan decenas o cientos de pisos que antes estaban en manos de familias.

Slee denuncia cómo estas plataformas han eludido normativas urbanas, fiscales y laborales, provocando una competencia desleal y agravando problemas estructurales como el acceso a la vivienda. Y Málaga es un caso paradigmático. Mientras las plataformas celebran su impacto económico, miles de malagueños ven cómo los contratos se acortan, los precios se disparan y los barrios pierden su identidad. No se trata de estar en contra del turismo. Málaga es una ciudad hospitalaria, y el turismo ha sido y seguirá siendo una fuente clave de ingresos. Pero el problema está en la falta de regulación, en la lógica de maximizar beneficios a costa de los derechos básicos. La vivienda no puede ser solo una mercancía. Tiene que ser, ante todo, un derecho.

Las soluciones no son sencillas, pero existen. En otras ciudades ya se han limitado las licencias para viviendas turísticas, se han prohibido en determinadas zonas o se han exigido requisitos que garanticen una convivencia real con los residentes. También se han creado registros efectivos y se han endurecido las sanciones para quienes operan fuera de la ley.

La responsabilidad recae tanto en los gobiernos como en los ciudadanos. Es urgente un cambio en la normativa que ponga coto a este fenómeno, que defienda el interés general por encima del interés especulativo. Pero también hace falta una reflexión colectiva: ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿Queremos una Málaga convertida en decorado, en parque temático, en lugar de paso? ¿O una ciudad viva, con vecinos que puedan permitirse vivir en ella?

Porque el problema no es el turismo en sí, sino el tipo de turismo que promovemos. Y el problema no es compartir una habitación, sino expulsar a los vecinos para alquilar toda la vivienda al mejor postor. La diferencia es enorme, aunque algunos intenten ocultarla bajo discursos de modernidad y progreso.

Málaga no puede permitirse seguir siendo rehén de su éxito turístico. Es hora de recuperar el equilibrio, de poner límites razonables, de recordar que una ciudad no se construye solo para ser admirada, sino para ser habitada.