España, forzada a aumentar su capacidad de almacenar renovables para evitar otro apagón

Con 28.691 megavatios (MW) a cierre de 2024, la solar fotovoltaica es la primera tecnología en potencia instalada del país -generó el 22% de la electricidad el año pasado- y la segunda por detrás de Alemania entre los países de Entso-E (la red europea de gestores de redes de transporte de electricidad). Sin embargo, el entusiasmo sobre estas cifras se enfría si se pone la lupa sobre la capacidad de almacenamiento de España, que se ha revelado como una de las grandes asignaturas pendientes de la hoja de ruta energética del Gobierno.

A los argumentos económicos que ya venía aduciendo la industria -guardar electricidad renovable en las horas de mayor producción para inyectarla a la red en las horas de menos luz y viento en los momentos de mayor demanda, lo que bajaría los precios-, se suma ahora el de la seguridad de suministro.

El apagón ha puesto de manifiesto algunas de las debilidades estructurales del sistema eléctrico español, especialmente en lo que se refiere a su capacidad para integrar grandes volúmenes de generación renovable sin poner en riesgo la estabilidad de la red. La implementación de elementos de respaldo como baterías convertiría en firmes a tecnologías como la eólica y la solar fotovoltaica que hoy por hoy son intermitentes.

Pero el retraso español es palmario en comparación con otros países vecinos. Las baterías representan actualmente el 4% de las instalaciones del continente, según el último estudio de SolarPower Europe, la patronal solar del Viejo Continente. Esta agrupación prevé que España instale 1,3 GWh de almacenamiento de baterías y que el 81% de las nuevas instalaciones sea a escala de servicios públicos. El objetivo es que crezca hasta el 7% en 2029, según estas previsiones, año en el que se espera que Alemania, Italia y Reino Unido, líderes de este ranking, instalen la mitad de las baterías en territorio europeo.

Los precios de las baterías de almacenamiento han experimentado una caída significativa en los últimos años, tanto en términos de costes -hace una década almacenar un kilovatio/hora suponía más de 1.100 dólares frente a los 115 dólares/kWh del cierre de 2024, según Bloomberg-, como en precios de los materiales primarios utilizados en su fabricación, como el litio, el cobalto o el níquel, lo que ha impactado directamente en el coste de las baterías y su abaratamiento contribuirá a impulsar este mercado.

Pero el potencial incremento que se espera de España se antoja insuficiente para los ambiciosos objetivos que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé alcanzar 22 gigawatios (GW) de capacidad de almacenamiento para 2030, incluyendo baterías y almacenamiento hidroeléctrico por bombeo. Una meta que desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ven, «salvo sorpresa», inalcanzable. En la presentación del informe que cada año examina el grado de avance de los objetivos de esta hoja de ruta, el investigador Diego Rodríguez consideró «factible» llegar a los 9 GW de bombeo desde los 6 GW actuales. Pero en el almacenamiento con baterías, según sus propias palabras, está «todo por hacer».

«España necesita abordar los desafíos regulatorios y de mercado, y se requiere apoyo al almacenamiento de energía renovable si el país quiere realmente alcanzar su potencial de crecimiento», señalan desde SolarPower Europe.

No se puede afirmar con certeza que más almacenamiento hubiera evitado el fallo eléctrico, pero los expertos coinciden en que la falta del mismo puede haber contribuido a esta crisis de energía. «Tenemos herramientas que técnicamente hubiesen ayudado el día del apagón, pero que legalmente no están implantadas», defiende José Ignacio Linares, profesor de Ingeniería Energética en la Universidad Pontificia de Comillas. «El dinero se invierte en función de lo que te obligan y en función de lo que te pagan. Si no es obligatorio poner ese tipo de medidas y tampoco hay un mercado que le retribuya, no se invierte», añade.

El Ministerio que dirige Sara Aagesen lanzó recientemente varios programas de ayuda para almacenamiento innovador de energía (50 millones de euros), sistemas de almacenamiento de energía con baterías híbrido (150 millones de euros), almacenamiento Standalone –que funcionan de forma independiente de una planta de generación renovable– (150 millones de euros) y el 30 de mayo, un mes después del apagón, un plan de ayudas por valor de 700 millones para almacenamiento energético a gran escala.

Unas ayudas con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) con la que se espera que puedan financiarse más de 100 nuevas instalaciones, de entre 2,5 y 3,5 GW de potencia de almacenamiento. A las reclamaciones de subvenciones y regulación, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), añade otras dos: un sistema de subastas competitivas del mercado eléctrico, que transmita cuál es el precio justo para que el inversor interesado pueda seguir invirtiendo y el ciudadano pueda optar en todo momento a ese precio más bajo, y sistemas administrativos más ágiles.

Por ahora, Cataluña es la única comunidad que ha establecido en su legislación que las instalaciones de almacenamiento energético son de interés público superior, lo que permite una tramitación más ágil y una mayor seguridad jurídica para estos proyectos.